Rendición de cuentas y mecanismos institucionales eficaces: condiciones necesarias en un Estado democrático.

Sin duda, una de las deficiencias de los gobiernos anteriores a la llegada de la alternancia en el poder en México, fue la falta de un mecanismo institucional consistente dentro de la conducción y coordinación de las políticas de seguridad pública. En respuesta a lo anterior, el 30 de Noviembre del año 2000 se creó la Secretaría de Seguridad Pública Federal, como la instancia articuladora de la política de seguridad en México. Era necesario, separar la grave responsabilidad de brindar seguridad a los mexicanos de la conducción política del país. Tal reforma derivó en subsecuentes reformas locales a lo largo de poco más de una década. La última, por cierto, fue precisamente en el Estado de México, cuando el Gobernador Eruviel Ávila presentó iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en palabras del propio Gobernador expresadas en la exposición de motivos a dicha iniciativa, se afirmaba que “al contar con una nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Gobernador contará con un brazo ejecutor para integrar, ordenar y ejercer una política pública de atención criminal, mediante una sola estructura, sumando esfuerzos y recursos destinados a atender estas atribuciones de manera tal que el ejercicio de las mismas se soporte en criterios de atención personalizada…” Con ésta reforma se suprimieron las atribuciones que tenía la Secretaría General de Gobierno en materia de Seguridad Pública. Lo notable es que esta reforma impulsada por un gobierno priísta no es de fecha lejana, por el contrario data de octubre de 2011. Pese a todo ello, hoy el Gobierno Federal entrante impulsa una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que plantea regresar de nueva cuenta las funciones de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación. Dicha reforma resulta contraria al diseño institucional con el que se han venido fortaleciendo los estados democráticos, salvo contadas excepciones, alrededor del mundo. Por éstas razones el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, no comparte dicha propuesta. Pero a pesar de ello, estamos conscientes de que es necesario permitir a quien encabeza el nuevo Gobierno, diseñar la estructura con la que establecerá su programa de trabajo y su estrategia de gobierno. De manera tal, que aunque no coincidimos en el diseño propuesto en la iniciativa del PRI, la hemos votado en términos generales a favor. No obstante lo anterior, al ser la función de seguridad pública una de las más delicadas responsabilidades del Estado, hemos solicitado al PRI que acepte que los funcionarios que tendrán a su cargo ésta grave responsabilidad sean ratificados por el Senado de la República y con ello establecer los mínimos controles democráticos. Igualmente se propone que el titular de Gobernación comparezca ante el Senado de forma periódica para dar cuenta de los avances en las estrategias de Seguridad. Con ello se ejercerían controles mínimos que permitan la rendición de cuentas y certeza de que los perfiles de aquellos funcionarios responsables de tales tareas, cuenten con los mínimos de experiencia, capacidad y honestidad. Pese a todo lo anterior, ha habido gran resistencia a otorgar por parte del Partido Revolucionario institucional tales controles democráticos. Las próximas horas serán fundamentales para realizar un último esfuerzo de diálogo que permita asegurar contar con mínimos controles democráticos en las instituciones responsables de la tarea de seguridad pública en México.

Un triunfo en el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer

El pasado 30 de noviembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia que sin duda será histórica en la conquista de más espacios para mujeres en el Congreso de la Unión. Se trata de la resolución que da respuesta al Juicio de protección de derechos interpuesto por varias mujeres de diversos partidos políticos.

En tal resolución el Tribunal determina que los Partidos deberán acatar las disposiciones establecidas en la Ley Electoral y registrar el 40% de candidatos de un mismo género correspondientes a Diputados Federales y Senadores por el principio de mayoría relativa. Es decir 120 y 26 candidatas respectivamente. Con ésta resolución se dejó sin efecto el acuerdo que había emitido el Consejo General del IFE en donde autorizaba a los Partidos incumplir con la cuota cuando el Partido realizara la elección de candidatos a través de convenciones o asambleas donde participara la militancia de los mismos.

Otro aspecto de la resolución es la determinación de que en las candidaturas que integran la cuota, las suplentes sean del mismo género, y con ello contrarrestar las simulaciones realizadas por los Partidos y de manera específica el fenómeno de las “Juanitas”

Esta resolución es muy relevante, puesto que hasta el proceso electoral anterior, la cuota de género solamente se había respetado en los casos de las candidaturas plurinominales, y no así en los casos de candidaturas de mayoría relativa, bajo el pretexto de que los candidatos eran electos por métodos democráticos.

La cuota de género ha jugado un papel muy importante en los últimos 10 años, desde que se reguló en nuestro marco jurídico electoral. Resulta significativo que desde 2003, un año después de que se reguló la cuota de 30/70 dentro del COFIPE, el número de mujeres Diputadas y Senadoras aumentó de forma considerable. Sin embargo, aunque la cuota establecida en aquel entonces, era del 30% y con la reforma electoral de 2008 aumentó al 40%, la realidad es que nunca se ha alcanzado la cifra del 30% de mujeres en el Congreso de la Unión, el porcentaje más alto ha sido del 28.2%. en la presente legislatura. Llama la atención que la diferencia de mujeres existente en la actual legislatura (2009-2012) supera en tan solo 4 diputadas a la anterior; es decir el número de diputadas aumentó tan sólo 0.8% ello a pesar del aumento en la cuota.

Y es que el crecimiento de candidaturas de mujeres al interior de los Partidos Políticos sigue encontrando una serie de obstáculos, algunos de ellos culturales y otros institucionales. Es un hecho que sigue siendo muy complicado para las mujeres triunfar en las contiendas internas celebradas por sus partidos políticos, pues aun subsisten profundas inequidades. En palabras de Daniela Cerva “Las diferencias de género son un cabal ejemplo de que el tratamiento igual para los desiguales no genera igualdad sino desigualdad”


Es por ello que las cuotas de género son un aliciente en la búsqueda de espacios que de manera paulatina vayan convirtiendo la participación de mujeres en espacios de poder en algo natural.

La participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, no es mera ocurrencia, nuestra participación en la definición de las políticas públicas que delinean el rumbo de nuestro país es fundamental. De otra manera se seguirá definiendo el rumbo de México con una sola visión, sin tomar en cuenta la perspectiva de quienes conformamos el 52 porciento de la población.

No se trata tampoco, como muchos lo han dicho, de atacar a la democracia a través de las cuotas. Muy por el contrario, no podemos decir que existe una verdadera democracia sin equidad en el ejercicio del poder.

Las grandes transformaciones en los países llegan a través de dos mecanismos, las revoluciones y las constituciones. Hoy en México se está construyendo una gran transformación por la segunda vía en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.

La resolución del Tribunal Electoral, sin duda contribuirá a este objetivo y por ello es de celebrarse.